El Caso de Betsy Chávez: Un Símbolo de la Fragilidad Jurídica en el Entorno de Pedro Castillo
La política peruana atraviesa un momento de tensión sin precedentes, cuando dos episodios aparentemente aislados —la solicitud
de asilo de Betsy Chávez en la Embajada de México y la silenciosa partida del embajador cubano Gallo Zamora— estallaron casi al mismo tiempo, reconfigurando el tablero diplomático de Lima.
Lo que, a simple vista, parecen tan solo trámites consulares o movimientos rutinarios de embajadas, en realidad revelan un entramado mucho más profundo, donde chocan intereses políticos, vacíos jurídicos y estrategias diplomáticas que podrían marcar un punto de inflexión para el país.
El caso de Betsy Chávez, exministra y figura clave del círculo de Pedro Castillo, se ha convertido en un símbolo de la fragilidad jurídica regional.
Tras ser procesada penalmente por su participación en el fallido autogolpe de Castillo, Chávez buscó refugio en la Embajada de México, un país con larga tradición de otorgar asilo a quienes alegan persecución política.
Pero Perú respondió de manera inédita: no negó el salvoconducto, pero tampoco lo aprobó. Este limbo intencional demuestra que el Gobierno de Gerí no está dispuesto a aceptar la narrativa mexicana según la cual Chávez sería una perseguida política.
La raíz del conflicto está en la interpretación del Convenio de Caracas sobre asilo diplomático. Mientras un artículo reconoce que el país asilante —en este caso, México— tiene autonomía para calificar a una persona como asilada, otro obliga al país territorial —Perú— a otorgar el salvoconducto sin demora.
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